En un contexto de dificultades económicas, el uso de las tarjetas revolving ha experimentado un incremento alarmante, alcanzando en marzo un saldo vivo de 11.303 millones de euros. Esta tendencia ha llevado al Gobierno a diseñar nuevas estrategias para proteger los derechos de los consumidores, ante la creciente preocupación por el impacto financiero que estas prácticas pueden tener en los ciudadanos.